Sólo A Coruña supera el "aceptable" en la nota global de accesibilidad. Las mayores carencias se registran en las medidas de adaptación para las personas ciegas y sordas. Quienes se desplazan en silla de ruedas han visto mejorar algo su situación
Los relevantes avances anotados en la adaptación a las necesidades de las personas que se desplazan en sillas de ruedas quedan en buena parte lastrados por las graves dificultades con que se encuentran los ciudadanos con discapacidades visuales y auditivas.
Los técnicos de esta revista, acompañados de una persona en silla de ruedas, otra invidente y otra sorda y contando con la valiosa colaboración de numerosas organizaciones de usuarios con discapacidad cumplimentaron tres visitas a cada una de estas ciudades: A Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Córdoba, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Pamplona, San Sebastián, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza. Realizaron un examen de accesibilidad en el centro urbano, en el ayuntamiento u otra dependencia municipal, en un centro de salud, en un autobús urbano y en el servicio de eurotaxi.
La conclusión más evidente del informe es que, en los últimos años, las ciudades se han esforzado más en la adaptación a las necesidades de accesibilidad de las personas en silla de ruedas (nota media de las 18 ciudades: "bien") que en las que requieren los usuarios ciegos (nota media: "regular") y, particularmente, los sordos (nota media: "mal").
En la prueba relativa a las personas en sillas de ruedas suspendieron sólo Alicante, Córdoba, Sevilla y Valladolid, mientras que destacaron positivamente, con un "muy bien", Granada, Málaga, Pamplona y Valencia. Por apartados del estudio, los mejores resultados para discapacitados en sillas de ruedas (media de "bien") los obtuvieron las visitas al ayuntamiento y a la instalación sanitaria (atención primaria) y el viaje en autobús. La adaptación del centro urbano se quedó en un poco satisfactorio "aceptable", por falta de pavimentos estables, aceras y bordillos mal rebajados y por el mobiliario (jardineras, farolas, señales) mal ubicado.
Los invidentes lo tienen peor que quienes se desplazan en sillas de ruedas: se encuentran con mayores dificultades para moverse y ejercer de usuarios en su ciudad. La nota global de las 18 capitales en su adaptación a los ciegos es un "regular", un suspenso, y el único apartado que consigue el aprobado es el centro de la ciudad, con sólo un "aceptable" por la falta de pavimentos táctiles y sonoros que ayuden a la orientación del invidente, además de semáforos con señales acústicas. Ayuntamiento y centro de salud suspenden, debido principalmente a la falta de información en braille y de sistemas alternativos para cumplimentar documentos y realizar trámites. Tampoco mejora la situación en el bus urbano, que también suspende, en este caso por la carencia de dispositivos sonoros y de información en braille tanto en marquesinas y postes como en el interior del vehículo.
Sólo siete ciudades aprueban el examen si bien únicamente A Coruña lo hace con cierta holgura. Entre las que peor atienden las necesidades de los invidentes destacan Córdoba, San Sebastián y Vitoria. Estas dos últimas, junto con Bilbao, Cádiz, Sevilla y Valladolid, también se hallan entre las peores en su adaptación a los requerimientos específicos de los usuarios sordos, examen en que sólo aprueban, y con aprietos, Barcelona, Madrid, Málaga y Oviedo; incluso A Coruña, la ciudad con mejor nota global en esta investigación, fue incapaz de superar el "regular" en esta prueba específica. En Alicante, Córdoba, Granada y Murcia no fue posible realizar en condiciones equiparables a las de las demás ciudades esta prueba de accesibilidad para personas sordas. El autobús urbano consiguió una nota satisfactoria (un "bien") en adaptación para los usuarios con discapacidad auditiva, que pasa a convertirse en un mediocre "aceptable" cuando hablamos del centro de la ciudad. De todos modos, las mayores deficiencias de adaptación cara a las necesidades de los ciudadanos sordos se registraron en ayuntamientos y centros de salud, que merecieron un rotundo suspenso (un "mal" sin paliativos) debido a la falta de intérpretes profesionales de la lengua de signos y a la carencia de sistemas visuales de información.
Certificado de minusvalía
Las personas con un grado de discapacidad superior al 33% pueden acceder a subvenciones especiales y ayudas para la compra de un coche o una vivienda
El certificado de minusvalía es el documento que reconoce el grado de discapacidad de una persona. Cuando éste es superior al 33%, se puede acceder a una serie de beneficios, como subvenciones específicas para personas discapacitadas, exención de impuestos en la adquisición de un vehículo y ayudas para la compra de una vivienda. Estas ventajas dependen del grado de minusvalía que se acredite. En total, hay cinco categorías.
· Por A. GARCÍA
· 11 de diciembre de 2007
Valoración de la discapacidad
El certificado de minusvalía permite a las personas con alguna discapacidad tener derecho a percibir una prestación económica o subsidio. Además, es un documento muy útil para acceder a una vivienda, recibir subvenciones especiales para personas discapacitadas o acceder a un puesto de trabajo. Su objetivo es garantizar la igualdad de condiciones en el acceso a los beneficios, derechos económicos y servicios que otorgan los organismos públicos.
- Imagen: Jefa -
El grado de minusvalía se expresa en un porcentaje entre 0 y 100, si bien la ley establece la necesidad de alcanzar, como mínimo, un 33% para que se reconozca la condición de minusvalía. Además, cuando se supera el 25%, a este porcentaje se pueden sumar hasta un máximo de 15 puntos derivados de los factores sociales complementarios que pueden dificultar la integración social de una persona, es decir, el entorno familiar y la situación laboral, educativa y cultural.
En cuanto a la valoración de las situaciones de minusvalía, el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, que regula este aspecto, establece la necesidad de someterse al examen de un tribunal médico oficial, encargado de emitir el dictamen que reconoce el grado de minusvalía. Este tribunal puede depender del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO)o de las comunidades autónomas que tengan transferida esta función.
La ley establece la necesidad de alcanzar, como mínimo, un 33% para que se reconozca la condición de minusvalía
En su dictamen, los expertos recogen los informes médicos, psicológicos o sociales necesarios para determinar el grado de minusvalía, que puede ser objeto de revisión en los dos años siguientes a su reconocimiento, siempre que se constate una mejoría razonable, se acredite error de diagnóstico o se produzcan cambios "sustanciales" en las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento de la minusvalía.
Las pautas de valoración no se centran tanto en el alcance de la deficiencia, como en su efecto sobre la capacidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. En este sentido, también son objeto de valoración las enfermedades que cursan en brotes e interfieren en el día a día de las personas que las padecen. Para solicitar el certificado, hay que acudir al departamento de asuntos sociales correspondiente, recoger un impreso de solicitud y someterse a una revisión médica, en los términos que establece la ley. Posteriormente, la persona interesada queda a la espera de la resolución.
Grados de minusvalía
La normativa vigente reconoce cinco categorías o grados de discapacidad, ordenados de menor a mayor porcentaje. Cada categoría reconoce un grado de dificultad para realizar las actividades de la vida diaria, de manera que el primer grupo incluye las deficiencias permanentes que no producen discapacidad y el último grupo, las deficiencias permanentes severas que suponen, incluso, la dependencia de otras personas.
- Grado 1, discapacidad nula. Aunque la persona presenta una discapacidad, ésta no impide realizar las actividades de la vida diaria. La calificación de esta clase es del 0%.
- Grado 2, discapacidad leve. Existe dificultad para realizar algunas actividades de la vida diaria, pero el porcentaje de minusvalía está entre el 1% y el 24%.
- Grado 3, discapacidad moderada. Hay una gran dificultad o imposibilidad para llevar a cabo algunas actividades, aunque la persona se puede cuidar a sí misma. El grado de minusvalía está comprendido entre un 25% y un 49%.
- Grado 4, discapacidad grave. Existe dificultad para algunas actividades de autocuidado y un porcentaje de minusvalía que oscila entre un 50% y un 70%.
- Grado 5, discapacidad muy grave. Es el grado más severo. Las personas afectadas no pueden realizar por sí mismas las actividades de la vida diaria. El porcentaje de minusvalía es del 75%.
En esta clasificación se incluye la evaluación de los sistemas musculoesquelético, nervioso, cardiovascular, hematopoyético y endocrino, así como los aparatos respiratorio, digestivo, genitourinario y visual, la piel, el lenguaje, las neoplasias, el oído, la garganta y las estructuras relacionadas. No se incluye a las personas con retraso mental, ya que esta circunstancia cuenta con criterios específicos de evaluación al considerarse que las deficiencias intelectuales, por leves que sean, ocasionan siempre un cierto grado de interferencia en la realización de las actividades de la vida diaria.
Beneficios que otorga el certificado
- Imagen: Jurek Durczak -
Las personas discapacitadas a las que se reconoce una minusvalía superior al 33% cuentan con una serie de beneficios. En el ámbito económico, la ley contempla reducciones en la base liquidable del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para trabajadores con una discapacidad superior al 33%. En concreto, El artículo 58 delReal Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, establece que los contribuyentes discapacitados pueden reducir la base imponible en 2.000 euros anuales o en 5.000 euros, "si el grado de minusvalía es igual o superior al 65%. En el caso del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), a la hora de adquirir un vehículo sólo deben pagar el 4% en lugar del 16%. Además, las personas discapacitadas están exentas de abonar el impuesto de matriculación y de circulación de vehículos.
Se contemplan reducciones en la base imponible del IRPF, prestaciones económicas y la exención de los impuestos de matriculación y circulación de vehículos
En cuanto a las prestaciones, los progenitores tienen derecho a percibir una asignación económica por cada hijo o hija menor de 18 años con un 33% o más de discapacidad o mayor de 18 años con una discapacidad igual o superior al 65%. Por su parte, las personas entre 18 y 65 años, con una minusvalía reconocida igual o superior al 65% y que carecen de rentas o ingresos suficientes pueden recibir una pensión no contributiva por invalidez. Por último, se reconocen otras prestaciones de integración social de los minusválidos, que comprenden un subsidio de movilidad para gastos de transporte -personas mayores de 3 años con una discapacidad igual o superior al 33%- y asistencia sanitaria y farmacéutica -personas con una discapacidad igual o superior al 33% y que no tienen cubierta esta necesidad-.
Otros beneficios derivados del certificado de minusvalía hacen referencia a la compra de una vivienda, ya que el plan de vivienda 2005-2008 establece la concesión de una ayuda para la compra deviviendas de protección oficial (VPO) y la subsidiación de los intereses del préstamo solicitado. Por su parte, las instituciones autonómicas o locales pueden contemplar otras ayudas individuales para la adaptación del hogar o adquisición de ayudas técnicas, así como zonas de aparcamiento reservado o prioridad en el acceso a un empleo.
